El pasado mes de marzo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicó el dictamen de su Observatorio de la Dependencia correspondiente a 2020. Se trata de un informe muy trabajado en el que se analiza a fondo la situación del sector en España, tanto a escala nacional como regional. De él se pueden extraer numerosas e importantes conclusiones, y hoy vamos a analizar las referentes a la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) desde 2006.

Así, lo primero que llama la atención es el mal balance del año 2020, que fue el primero desde 2014 en el que se redujo el número de personas consideradas en situación de dependencia (28.564). Mientras tanto, subió en 9.047 el número de personas que reciben servicios o prestaciones del sistema. Lo negativo de esta cifra es que supone un 86% menos que la registrada en 2019 y un 91% menos frente a 2018.

Más datos que respaldan esta perspectiva. En cuanto a las personas reconocidas en situación de dependencia, solo en cuatro CCAA se registraron incrementos. En el resto, la cifra bajó, y con mucha más contundencia que en aquellas en las que subió. Solo entre Madrid, Cataluña y Andalucía, se registraron casi 29.000 personas menos, mientras el número de todas las que sí crecieron se quedó en 14.023. Como se resalta en este informe, al ritmo de incorporaciones de personas beneficiarias del último año, se tardarían 26 años en lograr la plena atención. A todo esto, hay que sumar el mal panorama referente a los plazos de tramitación (430 días de media).

El resultado es que, en 2020, 55.487 personas fallecieron antes de haber recibido de forma efectiva los servicios o las prestaciones que les correspondían por su grado de dependencia.

Evolución desde 2006

Y este doloroso dato no es solo producto de un mal año. Existen también ciertas carencias que el informe identifica como lagunas en la evolución del sistema y que tienen en común la desigualdad en la gestión por parte de las diferentes CCAA. Desde la cobertura de las personas potencialmente dependientes a las listas de espera, pasando por el esfuerzo financiero público, las condiciones para disfrutar del SAAD cambian radicalmente de Castilla y León, que sale muy bien parada en casi todas las estadísticas, a Cataluña, donde la situación es bien diferente. Un buen ejemplo de las listas de espera: si la desatención en Cataluña es del 31,9%, en Castilla y León apenas es del 0,1%.

Sin embargo, y como se resalta en el informe, no todo es malo. En catorce años, se han tramitado más de 3,2 millones de expedientes, se han realizado 2,9 millones de dictámenes de valoración del grado de dependencia y hasta 1,8 millones de personas han recibido alguna prestación o servicio. El camino ha comenzado, pero aún queda mucho por trabajar y mejorar.